lunes, 24 de septiembre de 2007

Radio comunitaria: bregas y realidades

Autor: Aleida Calleja

El interés de la ciudadanía por impulsar espacios de radiodifusión comunitaria habla de un real avance democrático en nuestro país, de un entendimiento acerca de la importancia del desarrollo social integral, equitativo y justo, y de la promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad participa, opina y genera propuestas corresponsables.

Una radio comunitaria es en esencia un proyecto social sostenido por grupos de ciudadanos con intereses comunes que tienen una propuesta hacia su entorno inmedato. Supone utilizar un soporte tecnológico llamado radiodifusión para que la ciudadanía ejerza su libertad de expresión en la esfera de lo público, con la idea de generar un diálogo colectivo tendiente a construir consensos y contribuir a una participación corresponsable. Por ello, la pluralidad es una característica de su condición.

Apoyar en las políticas sociales de desarrollo local y responder con diversidad informativa a las problemáticas de la comunidad son rasgos indispensables para las radios comunitarias.

Este movimiento se articula formalmente a nivel mundial en 1983, cuando 600 radialistas de diversos países crean la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En la actualidad, tal organismo tiene presencia en 102 naciones de los cinco continentes.

En nuestro país, la radio comunitaria tiene más de tres décadas, pero con pocas posibilidades de permanencia: desde el modelo utilizado para la alfabetización en zonas rurales, mejor conocida como escuela radiofónica, como sucedió en el Valle del Mezquital, Hidalgo, pasando por emisoras que reivindicaban posturas políticas para la democracia en nuestro país, como Radio Pirata y Televerdad que tuvieron corta vida, hasta las experiencias más recientes tanto en el campo como en las ciudades.

Sólo Radio Huayacocotla y Radio Teocelo, ubicadas en el estado de Veracruz, han podido transmitir consecutivamente por más de 37 años. La primera difunde por onda corta y aunque desde 1978 ha solicitado el permiso para transmitir en señal abierta, sus esfuerzos han sido infructuosos. La segunda es la única emisora comunitaria que cuenta con permiso en nuestro país.

El movimiento mundial de radios comunitarias ha pasado por varias etapas. Empezó con la modalidad de escuela radiofónica en los años cuarenta en Sutatenza, Colombia. Después pasó a reivindicar posturas de lucha social y se llamó radio popular. En los años ochenta empezó a tener identidad como radio comunitaria y en los noventa como radio ciudadana.

En los últimos años se habla cada vez más de radio comunitaria y ciudadana, que se define así en la medida que su misión se relaciona directamente con el ejercicio de los derechos ciudadanos:
Las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de recomposición del tejido social: son lugares de representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales.1

La radio comunitaria busca mostrar la diversidad y la riqueza de los diferentes sectores y movimientos sociales; defender la legalidad democrática, propiciando la focalización de problemáticas específicas; y erigirse como tribuna abierta para toda sociedad. En suma: se dirige a sectores concretos de la población: mujeres, niños, campesinos, indígenas, organizaciones populares, ambientalistas, jóvenes, sectores barriales, entre otros. Su principal sello es el servicio público sin fines de lucro: la construcción de ciudadanía.

La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes y sus propuestas, la protección a la niñez y a las personas adultas mayores, la educación y la salud, así como la integración nacional y regional constituyen prioridades y perfiles de las radios comunitarias.

Las tres P

Hay una tendencia a pensar que lo comunitario se refiere al tamaño y/o a un área geográfica en específico. Para muchas personas radio comunitaria es sinónimo de radios pequeñas de baja potencia, recluidas en algún lugar perdido de un pueblo, de quién sabe dónde. En pocas palabras: se les identifica con las características de las tres P: pocas, pequeñas y pobres.

Pocas. En el mundo, y en especial en América Latina, existen centenas de radios comunitarias a pesar de las restricciones para acceder a las frecuencias, de los constantes ataques a sus miembros, y de la incautación de equipos por parte de las autoridades. Estas emisoras tienen cada vez mayor presencia debido al descontento social por el papel que juegan los medios tradicionales, donde la rentabilidad comercial y política aplastan y casi invisibilizan su verdadera función social.

Pequeñas. Ciertamente una radio comunitaria puede ser una emisora de baja potencia en alguna localidad pequeña, pero también lo puede ser una estación en una gran ciudad con una potencia suficiente para cubrirla, ya sea en AM o FM. Lo comunitario se refiere a una comunidad de intereses. Así, la comunidad de jóvenes de una ciudad o de una localidad en el campo puede ser grande o pequeña, pues tal sector está en todas partes.

Pobres. Existe la tendencia a creer que una emisora con compromiso social es un proyecto pobre, con una visión misionera que apenas si sobrevive con donativos y no tiene publicidad ni venta de espacios. Las emisoras comunitarias que reciben financiamiento suficiente para mantenerse al aire son privilegiadas, sin embargo no siempre existe esa oportunidad. Lo deseable es buscar formas de sostener y hacer rentable la emisora. No se trata de hacernos ricos, pues nuestro fin no es el lucrativo, pero sí generar todas aquellas actividades que permitan entradas económicas para que la radio pueda cumplir con su función de servicio público y garantizar la permanencia del proyecto social.

Ataque frontal

A partir de la celebración del Quinto Congreso Mundial de AMARC en México, llevado a cabo en Oaxtepec, Morelos, en agosto de 1992, las experiencias de radio comunitaria en nuestro país empezaron sus primeras articulaciones como red. Sin embargo, la sistemática persecución del Estado hacia estas emisoras -con una política de negación de permisos, requisitos inalcanzables y cierres- impidió el crecimiento y permanencia de los proyectos. Además, en un país donde la normatividad para acceder a frecuencias por parte de los grupos ciudadanos es prácticamente inexistente, las salidas legales se veían casi imposibles, porque tal como están las reglas del juego o se es un medio comercial o un medio de Estado con subsidio, pobre y raquítico pero asegurado.

Durante mucho tiempo, la referencia de la radio comunitaria en México fueron las radios indigenistas, pertenecientes al extinto Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La participación sistemática de las comunidades indígenas en las emisoras y el servicio público que prestan se identificó rápidamente con los principios de la radio comunitaria. De hecho, la red de AMARC México tenía como mayor número de participantes a esas radios. Una discusión recurrente era si podía considerárseles radios comunitarias, pues finalmente la propiedad del medio es del Estado y respondía más a las políticas indigenistas. Lo cierto es que tales emisoras durante 25 años han prestado un servicio público que se reconoce como de perfil comunitario.

Las experiencias previas de una radio alternativa llevaron en 1999 y especialmente en 2000 a que diversos proyectos comenzaran a nacer. La posibilidad en 2001 de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, en la llamada Mesa de Diálogo que convocó la Secretaría de Gobernación con la sociedad civil involucrada, y que más tarde tuviera su triste fin con el decretazo del 10 de octubre de 2002, abrió una pequeña esperanza de que por fin los medios comunitarios pudieran ser reconocidos.

En agosto de 2002, la AMARC realizó el primer Festival de los Medios Comunitarios y Ciudadanos en la Ciudad de México, que convocó a más de 300 participantes de emisoras comunitarias de todo el país. El motivo era dar a conocer su trabajo y pedir una legislación que los contemplara. En ese mismo tiempo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cerró la emisora mixe Jen Poj de Santa María Tlahuitoltepec a denuncia expresa del Ejército Mexicano.

Tanto la convergencia de los proyectos como los cierres de emisoras, aunado a una campaña pública por parte de los voceros de los concesionarios y la noticia de un inminente cierre masivo de radios llamadas clandestinas, logró una articulación inusitada de las radios comunitarias, que retomaron su identidad y se deslindaron de los términos de "radios subversivas y proguerrilleras".

Ante el ataque frontal del Estado y de los concesionarios a las emisoras comunitarias que las acusaban de estar en la ilegalidad y la piratería, emergió un debate público directamente relacionado con el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión. A través de una campaña nacional e internacional empezó el apoyo al movimiento de las radios comunitarias. La denuncia, y poner el tema en la mesa de discusión pública, llevó a que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, iniciará una interlocución con las radios comunitarias integradas en AMARC.

Los primeros encuentros con los funcionarios federales acusaron un profundo desconocimiento del fenómeno de los medios comunitarios. Con documentos en mano demostramos que si las radios transmitían sin las autorizaciones correspondientes era porque la propia SCT imponía requisitos tan altos como pedir un millón de pesos para la creación de un fideicomiso, más 52 mil pesos como fondo de garantía, así como comprometerse a no pasar ningún patrocinio en su programación. Lo anterior se exigía en el mejor de los casos, pues la mayor parte de las solicitudes ni siquiera eran contestadas.

Así, las autoridades impiden el derecho a expresar nuestras opiniones y el derecho de los demás a recibir informaciones e ideas diversas y plurales.
¿En que se convierte la importante conquista de la libertad de expresión como un derecho humano de todas las personas, si no tenemos la misma libertad para fundar una radio o utilizar un canal de televisión como lo hacen quienes detentan el poder económico?

El interés de la ciudadanía por impulsar espacios de radiodifusión comunitaria habla de un real avance democrático en nuestro país, de un entendimiento acerca de la importancia del desarrollo social integral, equitativo y justo, y de una promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad participa, opina y genera propuestas corresponsables.

Así, por ejemplo, La Voladora Radio, ubicada en Amecameca, Estado de México, atiende la contingencia volcánica que desde hace años tiene la zona a través de programas que ayudan a sensibilizar acerca de la protección civil. Su barra incluye un perfil dirigido a los jóvenes suburbanos, en un lugar en el que difícilmente hay opciones para tal sector. En esta emisora participan numerosos grupos sociales: artistas locales, organizaciones ambientalistas y filantrópicas. Incluso muchos de los ingresos por concepto de actividades artísticas que la radio realiza se destinan no solamente para cubrir sus gastos, sino también para apoyar a organismos de ayuda social como casas especializadas en discapacidad visual.

Camino tortuoso

De acuerdo con la palabra comunidad que "designa la unidad básica de la organización social y horizontal", la radio comunitaria "usualmente es considerada como complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo participativo de administración y producción de medios"[...] La necesidad creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo.2

México, país firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a cumplir con lo establecido por la Relatoría en materia de Libertad de Expresión y generar las condiciones para que los ciudadanos accedamos a las frecuencias radioeléctricas. Sin embargo, la actual Ley Federal de Radio y Televisión deja a total discrecionalidad del Poder Ejecutivo, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinar quién puede o no acceder a un permiso o una concesión. De esa suerte se maneja el espectro radioeléctrico -propiedad de todos los mexicanos- con poca transparencia, contraviniendo así los mínimos estándares internacionales en la materia.

Por toda esa situación, el Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció en su informe de 2003 lo siguiente:
Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitaria, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias [...] Por lo expresado, la Relatoría entiende que el Estado Mexicano, en su función de administrador de las ondas del espectro radioeléctrico, debería promover las reglamentaciones que permitan asignarlas de acuerdo con criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos.3

También en su diagnóstico sobre México, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció, entre los puntos prioritarios, facilitar los permisos para las emisoras comunitarias. Dicho diagnóstico fue entregado al Presidente de la República en diciembre de 2003.

Después de mucho insistir, finalmente en noviembre pasado, autoridades de la Unidad de Derechos Humanos y de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación realizaron una gira para conocer qué son y qué hacen las radios comunitarias. En cada una de ellas encontraron una amplia base social que trabaja y beneficia a su comunidad. Las organizaciones sociales, instituciones estatales, federales y los ciudadanos comunes testimóniaron cómo la radio ha sido fundamental para que sus comunidades tengan información útil y puedan discutir y construir propuestas corresponsables para la resolución de sus problemas.

En Radio Calenda "La Voz del Valle", ubicada en San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo señaló a las autoridades de Gobernación que la radio es indispensable para 55 comunidades que reciben su señal. Allí mismo, junto con otras 30 personas, representantes de organizaciones e instituciones, la encargada de comunicación del Consejo Estatal para el Sida afirmó que la radio presta un servicio fundamental para dar información a la gente en su propio idioma (el zapoteco), ya que los graves procesos de migración han provocado el incremento del número de infecciones por VIH.

En la Voladora Radio, los más de 20 voluntarios reafirmaron que su presencia en Amecameca, Estado de México, orienta y protege la vida de la gente ante la contingencia volcánica.

En esa misma coyuntura, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo político a fin de pedir al Gobierno Federal el cese al hostigamiento a las radios comunitarias y legislar para el reconocimiento de estos medios. No llegó a ser más que eso, un punto de acuerdo, pues el propio presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Orozco, en declaraciones públicas ha puesto en claro que no apoyará ni atenderá el tema.

Aun con un proceso de diálogo en Gobernación, en septiembre del año pasado, la SCT intentó cerrar La Voladora Radio, acción que no se pudo concretar por la defensa de los propios trabajadores y gente que apoya esa emisora. Más tarde, en diciembre, la SCT nuevamente inició los hostigamientos y cerró tres emisoras campesinas en Jalisco.

Sin avance

Ante la falta de garantías para continuar en pláticas con el Gobierno Federal, la CIDH aceptó la petición que hiciéramos la AMARC, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), para que supiera de los nulos, avances en el tema. Ante ello dicho organismo internacional pidió la presencia del gobierno mexicano para conocer su postura. La audiencia se llevó a cabo el 3 de marzo de 2004 en Washington. En ella, las organizaciones establecimos que la constante contradicción interna del Gobierno Federal ha impedido avanzar en el tema, pues mientras por un lado la Secretaría de Gobernación había abierto algunos canales de diálogo, la SCT no respetaba tal proceso.

El Gobierno Federal, representado por el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que en nuestro país había garantías plenas para ejercer la libertad de expresión y una prueba contundente era el reglamento emitido el 10 de octubre. En la réplica, las organizaciones peticionarias aseguramos que el documento sobre tiempos oficiales referido, había pasado por encima del diálogo con todos los actores sociales y no respondía de ninguna manera a la demanda de acotar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y permisos.

Ante los cuestionamientos de los comisionados del organismo internacional, el representante del gobierno mexicano se comprometió a buscar los mecanismos de diálogo y solución a fin de que la normatividad interna en la materia se adecue a los estándares internacionales del derecho a la libertad de expresión.

La AMARC ha entregado algunos expedientes de las radios a fin de que la SCT tenga elementos para determinar los posibles criterios por aplicar para la emisión de permisos. Sin embargo, el pasado 28 de mayo, la SCT notificó a los representantes legales de La Voladora Radio de Amecameca, Estado de México; Radio Calenda de San Antonino, Oaxaca, y a Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora, que debido a que están en transmisiones no es posible atender a sus solicitudes de permiso. Además, la SCT establece que de no dejar de operar inmediatamente procederá al aseguramiento de las emisóras, incluyendo sus bienes inmuebles.

Estas respuestas fueron una clara violación al compromiso del Estado mexicano ante la CIDH y al acuerdo político al que habían llegado el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, el 14 de abril pasado. En tal convenio se había establecido revisar caso por caso a fin de facilitar el otorgamiento de permisos para la operación de las radios, como parte de la solución a una demanda social creciente en nuestro país orientada a que los grupos ciudadanos, respaldados por un proyecto social, operen sus propias frecuencias para ejercer su libertad de expresión a través del soporte técnico de la radiodifusión.

Criterios claros

Durante más de año y medio en espera de una solución para las radios comunitarias, la AMARC no ha dejado de reiterar en que se deben emitir criterios públicos claros y transparentes para otorgar permisos, como una obligación del Estado, pues la discrecionalidad genera incertidumbre jurídica y legaliza la exclusión.

La realidad demostró el uso de estas facultades discrecionales cuando la SCT prefirió darle a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en marzo pasado, permisos para tres emisoras en Michoacán, bajo el modelo de que la institución tiene la titularidad de los permisos y un grupo de ciudadanos en las comunidades operen emisoras de baja potencia, tal como lo ha hecho esta institución en Yucatán. La SCT otorgó los permisos a la CDI en tres meses, mientras que a las emisoras comunitarias les respondió con una negativa siete meses después, ante la demanda pública de que diera respuestas a peticiones concretas.

En la entrega de esos permisos, la SCT a través de su titular, Pedro Cerisola, declaró que los solicitantes de permiso para una emisora comunitaria deberán acercarse a la CDI. Ello es una respuesta poco institucional a una demanda ciudadana. La SCT prefiere dialogar con entidades gubernamentales, y transfiere atribuciones legales a una institución que no tiene competencia en el tema. Por más que hemos buscado en la Ley Federal de Radio y Televisión, no existe artículo alguno que diga que para obtener un permiso sea preciso dirigirse a la CDI. La SCT esgrime todo el tiempo el cumplimiento de la ley para poder cerrar las radios comunitarias, pero ella misma no cumple con la legalidad.

No se trata de que las instituciones le den permisos a otras instituciones, tutelando a grupos ciudadanos. Tal visión paternalista está rebasada. El punto es que la SCT debe dar criterios públicos claros y transparentes para otorgar permisos a grupos ciudadanos con el fin de que operen sus propios medios de comunicación. Es un derecho que las autoridades están obligadas a cumplir.

Con argucias técnicas también, la SCT ha notificado formalmente a Neza Radio, ubicada en el Estado de México y Radio Guadalupe, de la Ciudad de México, que no es posible otorgarles el permiso en virtud de la saturación del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo que se establece en la Norma Oficial Mexicana que opera con criterios de hace 30 años.

Según los avances tecnológicos, la distancia entre frecuencia y frecuencia puede ser menor, tal como es posible verificar en las normas de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y todos los países latinoamericanos. Es claro que el Gobierno Federal está limitando la buena administración del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los mexicanos, para hacer un uso político de una norma técnica y evitar que otros sectores de la sociedad accedan a las frecuencias. De esa forma se viola el artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual México es parte desde 1982), que a la letra establece:
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

El panorama es incierto. Los concesionarios presionan para que estos medios desaparezcan. Miestras, las radios comunitarias viven de las donaciones de la audiencia, de patrocinios y del desarrollo de proyectos con diversas instituciones municipales, estatales y nacionales.

Cada vez son más los sectores que marcan la necesidad de dar solución a esta demanda social. En una carta dirigida a Vicente Fox, el pintor Francisco Toledo y los escritores Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Juan Goytisolo apuntan:
Los medios de comunicación electrónicos y la forma en que son concesionados y permisionados constituyen uno de los lastres más antidemocráticos de nuestra vida política. Es por ello que instamos a las autoridades gubernamentales a reconocer el derecho de los pueblos a tener sus propias radios, a validar legalmente la labor social que estos proyectos de comunicación realizan [...] Rechazar en la actualidad los permisos a las radios comunitarias es igual a mandar quemar y destruir las maquinarias de las imprentas de los periódicos en el siglo XIX y XX.

Los medios comunitarios son una realidad en el mundo. En los países democráticos se les reconoce y tienen una sana convivencia con los sectores de los medios públicos y privados, pues con ello se fomenta la pluralidad informativa.

Para que un proyecto social pueda brindar el mejor servicio a su comunidad necesita de certeza jurídica para desarrollarse: una prueba contundente es el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de servicio a la sociedad otorgado este año a Radio Teocelo, que por más de 37 años ha cumplido con su responsabilidad social en una propuesta ciudadana de comunicación cuyo espíritu enaltece el ejercicio campesino de la libertad de expresión y el derecho a la información.


NOTAS

1) La radio popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia e incidencia, ALER, Lima, Perú, 2001.

2) Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), párrafos 40 y 41.

3) Observaciones Preliminares del Relator Especial para la Libertad de Expresión al finalizar su visita oficial a México, 26 de agosto de 2003.